Candidaturas que en Cataluña suman el 39,17% de los votos (PP, PSOE, C's) se alían para que no se lleve a cabo lo que ha ido en el programa electoral de quien ganó (39,54% y sin contar el 8,2% de la CUP o el 8,94% de la coalición de ICV y las marcas catalanas de IU y Podemos, de la que la mitad de diputados votó a la nueva presidenta del Parlament). Su argumento es "la ley dice", el mismo que enunció en julio la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ante la propuesta de Fernández Vara de eliminar el Consejo
Consultivo extremeño, propuesta, por cierto, original de Izquierda Unida y que los que durante lustros ni iban a las urnas dejando a PP y PSOE hacer a sus anchas, quieren ahora rentabilizar.
Pero Valentín García, portavoz del PSOE regional, pasando, éste sí, por encima de las leyes que su partido dice defender en otros sitios, opina que lo votado en elecciones va a misa (a Mesa, de la Asamblea), se ve que solo lo votado en elecciones extremeñas. El punto álgido del sainete llega cuando la presidenta de la Asamblea de Extremadura, tras afirmar que la supresión del Consultivo requería la modificación previa del Estatuto de Autonomía, ahora, no sólo cambia de opinión, sino que, aun siendo un cargo institucional moderador entra de lleno en la política que precisamente su partido recrimina a la presidenta de otro parlamento (el catalán, claro): "Me llama la atención que haya otras Comunidades Autonomas donde esto ya se ha hecho, se esté haciendo, en esta legislatura, como es la Comunidad de Madrid, y no haya tanto escándalo en ese sentido".
Es cierto que el Consejo Consultivo madrileño (donde habitaron el dimitido ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, o el socialista Joaquín Leguina) fue suprimido por el PP, y no lo es menos, por mencionar el último escándalo, que en julio de 2014 se conoció que el exconsejero extremeño de Hacienda y Administración Pública de ese partido, Clemente Checa, firmó, durante esa legislatura y la anterior, informes técnicos que cobró aparte de su sueldo como miembro del Consejo Consultivo, para el que le nombró el PSOE en 2002.
La Junta de Extremadura adujo entonces que estos trabajos se enmarcaban en las excepciones que contemplaba la ley de incompatibilidades, excepciones que ya no pueden "volver a ocurrir porque en la ley que regula el nuevo estatuto de los altos cargos, no sólo perdieron sus mochilas, sino que ha quedado mucho más claro el tema de las incompatibilidades”. Lo dijo, al pedir que Checa "dimita o sea cesado", Pedro Escobar, coordinador regional de Izquierda Unida: la ley de incompatibilidades abarcaba “casi todo”, al incluir “la creación literaria, artística, científica o técnica [...] merece una revisión a la baja porque parece ser que los altos estamentos de la Administración tienen una manga anchísima para que, a pesar de las incompatibilidades que les da el cargo, después pueden hacer prácticamente lo que quieran [...mientras que] los estamentos bajos de la Administración Pública tienen un régimen de incompatibilidades mucho más rígido”. Así, la de incompatibilidades es una ley más restrictiva con el gobierno de turno y “si no hubiera sido por la presión de Izquierda Unida, esa ley no sale”. ¿Reconocía esto el PSOE en la campaña publicitaria que ha devuelto el Gobierno de Extremadura a Fernández Vara?, ¿desveló Podemos en campaña ese tejido sobrerremunerado de altos cargos que tenía el PSOE y que desmanteló Izquierda Unida?, ¿o prefirió unirse a esa campaña de desprestigio para ganar votos con el fin de, como colofón, VOTAR A FAVOR de la investidura de Fernández Vara?
Un Fernández Vara que, defendiendo al popular Checa, dijo "que no sabía nada de que eso fuera incompatible” y “si el señor Checa debe dimitir, hay más dimisiones que deben llevarse a cabo”. Escobar insistió en que “la Administración regional (del PSOE) le encargó varios trabajos y se los pagó: ¿están ustedes encargando trabajos a alguien que no puede hacerlos sabiendo que puede ser incompatible? No se puede interpretar la legislación de una manera cuando estás en el poder y otra de manera diferente cuando estás en la oposición”. "El olvido o la ignorancia del señor Checa, que decía que él no sabía que eso era incompatible, no es menor que la del señor Fernández Vara".
Pero Valentín García, portavoz del PSOE regional, pasando, éste sí, por encima de las leyes que su partido dice defender en otros sitios, opina que lo votado en elecciones va a misa (a Mesa, de la Asamblea), se ve que solo lo votado en elecciones extremeñas. El punto álgido del sainete llega cuando la presidenta de la Asamblea de Extremadura, tras afirmar que la supresión del Consultivo requería la modificación previa del Estatuto de Autonomía, ahora, no sólo cambia de opinión, sino que, aun siendo un cargo institucional moderador entra de lleno en la política que precisamente su partido recrimina a la presidenta de otro parlamento (el catalán, claro): "Me llama la atención que haya otras Comunidades Autonomas donde esto ya se ha hecho, se esté haciendo, en esta legislatura, como es la Comunidad de Madrid, y no haya tanto escándalo en ese sentido".
Es cierto que el Consejo Consultivo madrileño (donde habitaron el dimitido ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, o el socialista Joaquín Leguina) fue suprimido por el PP, y no lo es menos, por mencionar el último escándalo, que en julio de 2014 se conoció que el exconsejero extremeño de Hacienda y Administración Pública de ese partido, Clemente Checa, firmó, durante esa legislatura y la anterior, informes técnicos que cobró aparte de su sueldo como miembro del Consejo Consultivo, para el que le nombró el PSOE en 2002.
La Junta de Extremadura adujo entonces que estos trabajos se enmarcaban en las excepciones que contemplaba la ley de incompatibilidades, excepciones que ya no pueden "volver a ocurrir porque en la ley que regula el nuevo estatuto de los altos cargos, no sólo perdieron sus mochilas, sino que ha quedado mucho más claro el tema de las incompatibilidades”. Lo dijo, al pedir que Checa "dimita o sea cesado", Pedro Escobar, coordinador regional de Izquierda Unida: la ley de incompatibilidades abarcaba “casi todo”, al incluir “la creación literaria, artística, científica o técnica [...] merece una revisión a la baja porque parece ser que los altos estamentos de la Administración tienen una manga anchísima para que, a pesar de las incompatibilidades que les da el cargo, después pueden hacer prácticamente lo que quieran [...mientras que] los estamentos bajos de la Administración Pública tienen un régimen de incompatibilidades mucho más rígido”. Así, la de incompatibilidades es una ley más restrictiva con el gobierno de turno y “si no hubiera sido por la presión de Izquierda Unida, esa ley no sale”. ¿Reconocía esto el PSOE en la campaña publicitaria que ha devuelto el Gobierno de Extremadura a Fernández Vara?, ¿desveló Podemos en campaña ese tejido sobrerremunerado de altos cargos que tenía el PSOE y que desmanteló Izquierda Unida?, ¿o prefirió unirse a esa campaña de desprestigio para ganar votos con el fin de, como colofón, VOTAR A FAVOR de la investidura de Fernández Vara?
Un Fernández Vara que, defendiendo al popular Checa, dijo "que no sabía nada de que eso fuera incompatible” y “si el señor Checa debe dimitir, hay más dimisiones que deben llevarse a cabo”. Escobar insistió en que “la Administración regional (del PSOE) le encargó varios trabajos y se los pagó: ¿están ustedes encargando trabajos a alguien que no puede hacerlos sabiendo que puede ser incompatible? No se puede interpretar la legislación de una manera cuando estás en el poder y otra de manera diferente cuando estás en la oposición”. "El olvido o la ignorancia del señor Checa, que decía que él no sabía que eso era incompatible, no es menor que la del señor Fernández Vara".
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