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Miembros de la candatura de IU Don Benito

martes, 26 de agosto de 2014

No son ésos los 15.000€ que hay que ingresar

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha avalado que los responsables del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) pudieran amenazar a sus trabajadores con sanciones de hasta 15.000 euros por usar sus ‘uniformes’ -batas blancas- en protestas contra los recortes sanitarios, o incluso colocar carteles o anuncios en lugares no habilitados para ello. Ahora, según Cuarto Poder, el PP va a pedir a sus comunidades que hagan lo propio en sus otros territorios respecto a los funcionarios sobre los que tengan competencias para impedir cualquier protesta que pueda rebajar aún más sus expectativas electorales.

Tras la Ley de Seguridad Ciudadana, una directriz aprobada el 30 de enero de 2014 por la Secretaría General del SESCAM, en la que se amenazaba a las "mareas blancas" con las sanciones y se invitaba a delatar a compañeros, ha sido avalada por el gobierno de Rajoy a través de una respuesta parlamentaria por escrito al diputado de IU Gaspar Llamazares, en la que se recuerda que los principios y reglas establecidos en el Capítulo VI, “Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta”, del Título III de la  Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público “informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos, de manera que el incumplimiento de muchos de esos deberes, principios y reglas de conducta encuentra su reflejo en la tipificación de algunas infracciones del régimen disciplinario”. El homónimo artículo 52 que ahora se reinterpreta incluye también: 

“Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes

También se utiliza el artículo 54 (sobre “Principios de conducta”), que, entre otras cosas, afirma:

“1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.
2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.
3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.
[…] 5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación. […] 7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.
[…] 10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio”

¿No ayudaría más al sostenimiento de la Sanidad que esos 15.000€ salieran de dispendios como los que recoge la imagen adjunta? Bastaría con pasar al cobro, para estas lesiones autoinfligidas, "esas facturas disuasorias en los hospitales, por lo menos en Cataluña las teníamos", de las que hablaba Emilio Lora-Tamayo, cuando asumió la presidencia del CSIC, por segunda vez tras sendas renuncias de sus predecesores que justificaron por tener las alas cortadas por el Ministerio: "Sales de la Seguridad Social de operarte de una apendicitis y te dan una factura que no es para que se pague, sino para que sepas lo que ha costado".

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