Izquierda Unida secundará las acciones convocadas por la comunidad educativa como respuesta unitaria contra los recortes y unas políticas educativas cuya máxima expresión es la contrarreforma educativa que supone la LOMCE y que tienen en pie de guerra al conjunto de la comunidad educativa, desde la Educación Infantil a la Universidad.
Prueba de ello son acciones como la huelga del profesorado de las Islas Baleares, que ha marcado un hito por su seguimiento y el amplio apoyo social conseguido, y el calendario de movilizaciones previsto para el primer trimestre escolar, fruto del acuerdo de madres y padres, estudiantes y profesionales de la educación.
Desde la Plataforma Estatal por la Escuela Pública se ha convocado también una huelga general de la enseñanza para el 24 de octubre, a la que se suma Izquierda Unida, así como la organización de marchas educativas en todas las Comunidades Autónomas, entre el 2 y el 9 de noviembre, que culminarán en el Palacio de la Moncloa.
El Gobierno del PP, desde su ideología netamente mercantilista ("menos estado y más mercado") está acelerando un proceso privatizador, comenzado años atrás, con el objetivo de convertir la escuela pública en subsidiaria de la privada.
Izquierda Unida denuncia que la aplicación de las medidas que se recogen en esta ley del ministro Wert, alentado por la patronal de la enseñanza privada y por el lobby eclesiástico, supondrá la paulatina sustitución del modelo de educación pública por un sistema educativo mercantilizado, cuya calidad estaría íntimamente relacionada con el poder adquisitivo de las familias.
La LOMCE pretende el control externo de lo que hay que aprender/enseñar, la ausencia de participación democrática en la gestión de los centros educativos, la extensión y potenciación de territorios escolares reservados a las élites, excluyendo a l@s hij@s de la clase trabajadora del acceso a determinados niveles y centros educativos. Se impulsarán centros de diferente nivel según los contextos socioeconómicos, fomentando la especialización y "excelencia" de unos en detrimento de otros, en lugar de garantizar el derecho universal a una educación de calidad para todos y todas.
IU viene reclamando desde hace meses en el Parlamento y en la calle el impulso de un proceso de diálogo con todos los sectores de la comunidad educativa que permita elaborar un diagnóstico compartido sobre los problemas reales de nuestro sistema educativo y adoptar medidas que pasen por un "rescate" a la educación pública como el puesto a disposición de las entidades bancarias.
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